LA MENTIRA DE LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ CON LA QUE HASTA HOY NOS VENDEN EL PROHIBICIONISMO

Gina Díaz. Trabajadora Social- Especialista en Gobierno, Voluntaria  Échele Cabeza

Claves para entender las afectaciones del prohibicionismo en la niñez y adolescencia

La protección integral de niños, niñas y adolescentes ante el consumo de drogas ha sido uno de los principales argumentos para defender el prohibicionismo. Actualmente debe ser este mismo un elemento clave para demostrar el fracaso de la política de guerra contra las drogas, evidenciando que a partir de su implementación no sólo se ha incrementado el consumo de SPA legales e ilegales en adolescentes, sino también las violaciones a los derechos humanos en esta población.

Guardar y proteger a la niñez del “flagelo” de las drogas, ha sido una de las principales banderas que ha impulsado desde hace más de 60 años la “política de la guerra contra las drogas”. Este discurso se ha mantenido desde entonces en muchos de los partidos políticos, al igual que en varias posturas institucionales en los países de la región, centrándose en la necesidad de “salvar” a las nuevas generaciones de “caer” en el mundo de las drogas, justificando así el enfoque punitivo, la estigmatización, la persecución, el encarcelamiento, entre otras, como mecanismos recurrentes para proteger a niñas, niños y adolescentes. Todas estas y otras acciones han ocasionado múltiples consecuencias negativas, algunas de estas han sido reconocidas por la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito[1]. Sin embargo, estos impactos negativos y los resultados no se han discutido lo suficiente como para impulsar una reforma a las actuales políticas de drogas con un foco especial en la niñez y adolescencia.

Es por eso que siguiendo los argumentos del documento “La guerra contra las drogas: Amenazando a los jóvenes en lugar de protegerlos”[2]expongo algunas consideraciones a partir del caso colombiano y con base en mi experiencia de trabajo, específicamente en los últimos dos años como referente técnico de prevención del consumo de SPA ,que demuestran que la “Guerra contra las drogas” no sólo ha fracasado en su objetivo de proteger a la niñez y adolescencia, evitando el consumo de SPA, sino que  su vez ha ocasionado la vulneración de los derechos humanos de esta población.

¿Qué dicen los estudios?

En Colombia se han realizado tres estudios nacionales de consumo de SPA en población escolar en los años 2004, 2011 y 2016[3].

De este último se desatacan los siguientes elementos para contextualizar la situación:

• La edad promedio de inicio de consumo de SPA legales e ilegales son los 13 años.
• La marihuana es la sustancia ilícita más usada entre los escolares colombianos con un 8% en 2016, aumentando en relación con el 5.2% en 2013.
• El consumo de alcohol es el más generalizado, con un 20% de consumo en estudiantes de 11 y 12 años, 43% entre los estudiantes de 13 y 15 años, y 58.16% en el grupo de 16 a 18 años.
• Emergen y aumentan consumos en contextos rurales.
• Después de la marihuana, los inhalables (Popper), la cocaína y los tranquilizantes sin prescripción médica, son las sustancias de mayor prevalencia de uso.
• El 70,2% de los estudiantes consideran fácil comprar alcohol a pesar de la prohibición de la venta a menores de edad.

A este panorama de consumo en adolescentes y jóvenes, se suman las diversas violaciones a los derechos a los que han sido y son sometidos.

La discusión sobre el uso del Glifosato

Desde el año 2006 el Comité de Derechos de la Infancia, alertaba sobre los daños ocasionados por la aspersión aérea con glifosato en zonas con presencia de cultivos de coca, entre las que se destacan: afectación a las fuentes hídricas de las que se abastece la población; amenaza a la salud especialmente a niñas, niños y adolescentes; afectación a los cultivos de pancoger, y por ende a la seguridad alimentaria de las familias, en detrimento del desarrollo integral de la niñez y adolescencia. Actualmente, el gobierno colombiano está contemplando volver a este método de erradicación en los departamentos con mayor presencia de cultivos de uso ilícito, obviando la advertencia que desde el 2015 hizo la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) -parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS)- y adoptada por el Ministerio de Salud donde se clasificó el glifosato como un producto probablemente cancerígeno, recomendando la suspensión de este producto en las fumigaciones aéreas para erradicar cultivos ilícitos.

Casi nula participación de la niñez y adolescencia en la formulación de políticas de drogas.

Son casi nulas las acciones de promoción de la participación o cualificación de liderazgos para la niñez y adolescencia en estos temas. En el país no existe actualmente ningún escenario formal para consultar a los adolescentes sobre las políticas de drogas, indicando que, en este tema en particular, no son percibidos como sujetos titulares de derechos que puedan opinar sobre las acciones que recaen sobre ellos.

Requisas y registros en instituciones educativas

Teniendo en cuenta el incremento del consumo en instituciones educativas, una de las estrategias que se ha popularizado en los colegios tiene que ver con las requisas y registros de las pertenencias y de las y los estudiantes, para evitar el porte de cualquier “droga”. Estas requisas se hacen por parte de la Policía Nacional, en algunos casos con perros detectores de drogas, considerándolas como acciones de prevención del consumo. Estas medidas atentan contra la protección integral de niñas, niños y adolescentes que establece la Ley 1098 del 2006, pues va en detrimento del derecho a la intimidad y la dignidad humana, ya que suponen la exposición de su cuerpo.[4]

Impacto en niñez y adolescencia con padres y madres encarcelados por delitos de drogas

En el “Estudio Regional, Niñez que cuenta: el impacto de las políticas de drogas sobre niños, niñas y adolescentes con madres y padres encarceladosen América Latina y el Caribe” (CWS, 2019), se demuestra que existen diversos tipos de afectaciones a esta población, entre las que se destacan las de tipo psicológico,  ruptura de las relaciones y los vínculos entre padres e hijos, dificultades económicas, y la exposición a más factores de riesgo que pueden conllevar a la vulneración generalizada de derechos de niños y adolescentes que se han separado de alguno de sus progenitores.

Desinformación y mayores riesgos para adolescentes y jóvenes

La fata de educación e información impide hablar de consumo de sustancias, siendo aún un tema “tabú” que lo convierte en un mayor factor de riesgo. A finales del año 2019, se registró un caso de intoxicación en un grupo de jóvenes de primer grado de secundaria, quienes mezclaron alcohol etílico, thinner y polvo saborizante; varios de ellos tuvieron lesiones severas en el hígado y otros afectaciones graves y permanentes a su visión[5].

Estigmatización, maltrato y muerte

Se han reportado casos en los cuales, por situaciones de consumo de SPA ilegales en adolescentes, éstos han sido expulsados de las instituciones educativas, recibiendo maltrato y estigmatización por parte de compañeros, docentes y directivos de los colegios. Así mismo, al interior de las familias los castigos van desde las palabras hirientes, maltrato físico, castigos desproporcionados, hasta la expulsión de los hogares.

En varios departamentos del país de manera social también recae un fuerte estigma que ha ocasionado desde la discriminación, el desplazamiento, hasta las amenazas y asesinatos de adolescentes por consumo de spa ilegales, por parte de grupos armados organizados (GAO).

Falta de acceso a tratamientos

 A pesar de contar con la Ley 1576 de 2012, que plantea que el estado debe responder al consumo de SPA como un tema salud pública y que señala la prioridad en niñez y adolescencia, persiste la falta de acceso y pertinencia de tratamientos. En varios municipios ni siquiera se cuenta con oferta o profesionales para tratar consumos problemáticos en adolescentes. La situación se recrudece cuando se trata de grupos más vulnerables, como son, por ejemplo, la niñez y adolescencia indígena. Se conocen casos de consumos problemáticos en adolescentes de comunidades indígenas, que lejos de contar con un tratamiento adecuado y respetuoso de sus usos y costumbres, son sacados de sus comunidades, trasladados de un departamento a otro, rompiendo de manera irreversible con sus vínculos identitarios, así como desconociendo el enfoque diferencial que debería existir para este tipo de poblaciones.

Falta de discusión, debate e investigación

En temas relacionados con consumos problemáticos en adolescentes y jóvenes, acceso a tratamientos alternativos, sustitución de metadona o material higiénico para de heroína, y prevención indicada para la disminución de riesgos y daños en poblaciones de adolescentes que están institucionalizados o que son parte del sistema de responsabilidad penal adolescente.

Me atrevería a pensar que este panorama que planteo continúa sucediendo en la actualidad no solo en Colombia, sino que se trata de una realidad recurrente en adolescentes y jóvenes de la región.  Sobre todo, en los países que le siguen apostando a la “guerra contra las drogas” invirtiendo la mayor parte de su presupuesto en persecución, erradicación e interdicción, y una mínima parte en prevención y atención del consumo de SPA en esta población.

A manera de conclusión…

Se propone avanzar en algunos puntos clave. Lo primero es dejar de instrumentalizar a niños, niñas y adolescentes para favorecer políticas y acciones que realmente van en contravía de sus derechos. Dejar los discursos moralistas, que sin evidencias generan acciones con daño.

Lo segundo es promover la investigación de situaciones particulares en esta población, así como la evaluación de los impactos de las políticas y programas actuales. Elevar el debate y promover la reforma de políticas públicas, con el fin de desarrollar estrategias y acciones en prevención y atención del consumo de SPA con enfoque diferencial, territorial y basadas en la evidencia.

Es urgente replantear acciones de carácter pedagógico que superen el enfoque punitivo imperante. Promover el pensamiento crítico y las habilidades para la vida, en un mundo donde las SPA no van a desaparecer de ninguno de los entornos de la niñez y adolescencia, por eso la clave está en la pedagogía y la  educación involucrando a todos los actores de la sociedad y comunidad.

Finalmente, se hace necesario que en materia de salud los niños, niñas y adolescentes puedan realmente acceder a tratamientos integrales y respetuosos de los derechos humanos de manera oportuna.

También reconocer las realidades en algunos territorios y plantear el desarrollo de tratamientos alternativos para consumos problemáticos en poblaciones institucionalizadas o del sistema de responsabilidad penal adolescente, en situación de vida en calle, o pertenecientes a grupos étnicos.

[1]Tomado de World Drug Report 2008. Recuperado de: http://wwwunodcorg/documents/wdr/WDR_2008/ WDR_2008_eng_web.pdf.

[2]Tomado de: De Count the costof the war on drugs. www.countthecost.org. Recuperado de : https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2017/10/Guerra-drogas-amenazando-a-los-jovenes.pdf)

[3]Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoativas 2004, 2011 y 2016. Recuperado de: http://www.odc.gov.co/PUBLICACIONES/ArtMID/4214/ArticleID/6067/Estudio-Nacional-de-Consumo-de-Sustancias-Psicoactivas-en-Poblaci243n-Escolar-Colombia-2016

[4]Insumo respuesta a solicitud de orientación para la “Construcción de lineamiento o procedimiento relacionado con el tema de registro a niños, niñas y adolescentes en el marco de la implementación de la Ley 1620 de 2013 y sus Decretos Reglamentarios” – Radicado S- 2018-149879 -1100 ICBF.

[5]Tomado de Blu Radio.com (2019). Recuperado de: https://www.bluradio.com/nacion/mezcla-de-alcohol-y-tiner-deja-en-delicado-estado-de-salud-siete-jovenes-en-ubate-226851-ie6223584