Lo político de la reducción de riesgos y la mitigación de daños

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El derecho a emancipar la conciencia y subvertir los pensamientos, distorsionar la realidad o simplemente a embriagar la mente, es un derecho no mentado, pero fundamental e inalienable.

Por:  Felipe Cuervo / Sociólogo para Échele Cabeza

Al hablar sobre factores de riesgo frente al consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA), para las personas usuarias implica además de todos los componentes primarios (consecuencias médicas y sanitarias directas del consumo) también elementos de riesgo sociopolíticos, derivados de la condición de ilegalidad de algunas de estas actividades. Riesgos relacionados con la vulneración de derechos humanos, cuyos coletazos se resienten también desde la perspectiva de logros civiles y de ciudadanía, acarreando la invisibilización de usuaria y usuario como sujetos políticos. Dentro de una sociedad como la colombiana, a partir del momento en el que una persona decide asumirse como consumidora de sustancias (en condición no problemática) especialmente ilegales, se ve sometida a toda una serie de juicios y supuestos basados en prejuicios, imaginarios y estereotipos con los cuales fumarse un porro o meterse un pase de perico se equipara a acciones delincuenciales, criminales, viciosas o propias de un individuo enfermo, desviado no-normal, en definitiva como la representación de “los males de la sociedad”. Además, fuera de todo, se lo juzga como auspiciador del conflicto armado y el terrorismo.

Las connotaciones propias de las palabras “droga” o “drogadicto” para referirse a todas las sustancias y a todos los tipos de personas usuarias hace mas referencia, según estudios como los de Lamo de Espinoza (1989), a “un estereotipo que sirve para estigmatizar al muchacho que fuma porro, pero no al ama de casa que se emborracha todas las mañanas, o al ejecutivo de clase media metido en el mundo de los barbitúricos para dormir y las anfetaminas para levantarse”.

En nuestro contexto, especialmente condicionado por la carga del “conflicto”, el discurso institucional y las estrategias de acción frente al consumo de SPA ilegales son resultado de procesos políticos y sociales que se encuentran directamente relacionados con estos imaginarios, generando una visión sesgada y alejada no sólo de las realidades del consumo sino de la población usuaria, en donde prima un enfoque médico-psiquiátrico y judicial-coercitivo. Dicha óptica persigue a la persona usuaria invisibilizando sus necesidades y demandas como ciudadana mientras deslegitima la necesidad de virar hacia un paradigma más a tono en términos de salud pública.

En estos términos, los principales riesgos a los cuales se ve expuesta cualquier persona usuaria de SPA (ilegales) se relacionan con: 

Desinformación

Entendida como la falta de acceso a insumos veraces, pertinentes y concretos en virtud de los cuales cualquier persona pueda optar, basada en una decisión informada, por un determinado consumo o no. En el caso de las sustancias ilegales, debido a la evidente falta de regulaciones o controles de calidad, los márgenes de riesgo frente al consumo de una u otra SPA son muchos más amplios, sumado a la generación de pánico preventivo que redunda en lo sesgado, moralizado, inexacto y deformado, algo que a su vez ha vuelto escéptica a población usuaria sobre la rigurosidad de las advertencias y los verdaderos peligros de este tipo de prácticas.

 

Estigmatización

Remite al dominio simbólico del estereotipo negativo de la persona usuaria, que permea la estigmatización legal, la violación a derechos y la invisibilización, desencadenando en la marginación y la autoexclusión de sus entornos relacionales habituales (la familia, el colegio, el parche, el trabajo, entre otros), lo que facilita en esa medida un acercamiento a contextos y dinámicas de consumo problemáticos. La estigmatización hace que las personas usuarias no asuman conciencia de sus derechos y responsabilidades, pero sí tengan que arrastrar culpas ajenas por taras innecesarias, sobre efectos o consecuencias sociales, culturales, políticas y económicas que se les obliga a convencerse repercuten sus consumos.

El derecho a emancipar la conciencia y subvertir los pensamientos, distorsionar la realidad o simplemente a embriagar la mente, es un derecho no mentado, pero fundamental e inalienable desde el

momento en que alguno de nuestros antepasados decidió comer la fruta que estaba agria, las vallas que encontró en su camino o las flores que más llamaron su atención y abrió su puerta para otra percepción de las cosas. El hecho de asumir íntegramente este derecho, ejercerlo racional y conscientemente dentro de nuestros entornos vitales, no puede ser un argumento para que los discursos dominantes y homogenizantes de la sociedad desestructuren los (nuestros) derechos civiles ni nuestras demandas como ciudadanía. La relación de las sociedades con sus demandas internas de consumo de psicoactivos u otras sustancias no está dictaminada por procesos de degeneración o decadencia, sino por la representación de las demandas de imaginarios colectivos sobre el placer y la emoción, de formas de resignificación de uso del tiempo libre, de nuevas formas de ratificación y reivindicación de identidades diversas, las cuales se ven expresadas como dinámicas de consumo dentro de la estructura del mercado.

Respecto a tales procesos y en referencia a un discurso de reducción de riesgos y daños para personas usuarias de SPA donde se consideran, desde las afectaciones médicas y sanitarias directas del uso y el abuso, hasta los condicionantes sociales, políticos y jurídicos de ser usuarias y usuarios de SPA, quedan manifestados como derechos fundamentales:

Derecho a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad.

Derecho a la igualdad y a la no discriminación.

Derecho a seguridad jurídica, al adecuado y oportuno conocimiento y defensa de sus derechos en condiciones de igualdad.

Derecho a participar activamente como ciudadanía y persona sujeto plena de derechos.

Derecho a la protección de la salud y a la asistencia médica bajo condiciones de respeto, dignidad y confidencialidad.

Derecho a un trabajo digno.

Infografía: Felipe Cuervo/ Vlado Montes

La ratificación de derechos trae consigo la asunción de una carga de responsabilidades, sobre las cuales se erige la legitimidad de las exigencias y la lucha por el reconocimiento del derecho. El funcionamiento y equilibrio de la relación derechos – deberes se estructura en un sistema basado en el principio de la corresponsabilidad entre las partes, las instituciones y la ciudadanía, la sociedad y la persona consumidora.

El acto de usar SPA y en el proceso acceder a un estado alterado, pude ser un acto lúcido y responsable mediado por  conciencia del riesgo y la autorregulación, del placer y del dolor, de lo legal y lo ilegal.

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