Dos muertes reportadas tras el EDC, denuncias de inseguridad y una temporada de grandes eventos por delante abren una discusión urgente, y es que mientras Medellín fortalece su industria del entretenimiento, ¿están creciendo al mismo ritmo sus capacidades institucionales, comunitarias e individuales para gestionar los riesgos?
La fiesta es mucho más que entretenimiento. Es un espacio de encuentro, construcción de identidades, experimentación, placer y apropiación del territorio. Los festivales de música electrónica, en particular, han configurado culturas juveniles y comunidades que encuentran en el baile, la música y la experiencia colectiva formas de expresión y pertenencia. Pero la fiesta también constituye un escenario donde convergen intereses económicos, mercados legales e ilegales, relaciones de poder y distintas maneras de comprender y gestionar el riesgo.
Ante el inicio de una nueva temporada de grandes festivales de música electrónica en Colombia, con eventos como EDC, Ritvales, Baum, Awakenings, Buena vida Beach, Freedom y Estéreo Picnic, se hace imperativo plantear una reflexión estructural sobre los ecosistemas de cuidado y bienestar. No basta con preguntarse cuántas personas asisten, cuánto dinero movilizan estos eventos o qué artistas encabezan sus carteles. También debemos preguntarnos por las condiciones materiales, institucionales y culturales que hacen posible disfrutar de la fiesta sin que sus riesgos se conviertan en tragedias evitables.
El Electric Daisy Carnival (EDC), celebrado el 10 y 11 de octubre en Medellín, representa un punto de inflexión para esta conversación. Según las proyecciones oficiales, el festival esperaba recibir 94.000 asistentes durante sus dos jornadas y generar un impacto económico cercano a los 37,1 millones de dólares. Una muestra de la importancia que ha adquirido la industria del entretenimiento en la economía local y los avances infraestructurales que le permiten a la ciudad posicionarse entre los territorios con mayor capacidad de espectacularización de la escena rave.
Sin embargo, la celebración estuvo acompañada por hechos que requieren respuestas públicas. Ismael Gerardo Méndez Huertas, ciudadano costarricense de 27 años, falleció después de presentar una emergencia médica durante la primera jornada. Ajay Bhatnagar, médico británico de 51 años, murió el lunes 12 de octubre tras presentar complicaciones de salud durante el segundo día del festival. En ambos casos se han mencionado posibles intoxicaciones asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, aunque las causas definitivas deben establecerse mediante las investigaciones correspondientes que van más allá de reducir la fatalidad al solo consumo de sustancias, también se debe investigar el entorno, la información, los servicios de salud, etc.
A estas muertes se sumaron denuncias sobre presuntos hurtos mediante el uso de gas pimienta dentro del evento, sin que hasta el momento de esta publicación existieran reportes oficiales de la Policía sobre esa modalidad. También se conoció la grave agresión con arma blanca contra un ciudadano australiano en Medellín, cuya relación con el festival permanece bajo investigación. Los recientes acontecimientos del EDC constituyen señales de alerta que exigen análisis y acción antes de que las dinámicas de los eventos masivos superen las capacidades de respuesta institucional y privada. No se trata de asumir que cada incidente es consecuencia de una falla organizativa ni de responsabilizar anticipadamente a quienes prestaron servicios de atención. Se trata de exigir información suficiente para establecer qué ocurrió, cómo se respondió y qué aprendizajes deben incorporarse antes de los próximos eventos.
Medellín, tensiones entre la ciudad que se vende y la ciudad que se habita
La consolidación de Medellín como epicentro de entretenimiento no puede comprenderse por fuera de sus transformaciones sociales y urbanas. El posicionamiento internacional del reguetón, la expansión de la música electrónica, la oferta de ocio nocturno y la llegada de grandes franquicias de festivales han contribuido a proyectar una imagen de ciudad cosmopolita, creativa y abierta al consumo de experiencias.
Sin embargo, esta transformación también se inscribe en procesos más amplios de turistificación, especulación inmobiliaria y gentrificación, en los que el crecimiento del turismo y la llegada de poblaciones flotantes atraídas por experiencias de hiperconsumo contribuyen a reconfigurar las dinámicas sociales, económicas y culturales de determinados territorios. Con ello, el aumento del valor inmobiliario, la transformación de los usos residenciales y comerciales y el desplazamiento de comunidades locales profundiza las desigualdades en el acceso a la vivienda y al espacio urbano. En este contexto, resulta necesario preguntarse quiénes se benefician de la expansión de la economía nocturna, quiénes asumen sus costos y qué lugar ocupan las comunidades locales en las decisiones sobre el futuro de sus territorios.
A esta discusión se suman otras problemáticas que han adquirido visibilidad en Medellín, como los hurtos a visitantes, la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, la trata de personas y las violencias asociadas a determinadas economías ilegales. No son fenómenos equivalentes ni pueden atribuirse automáticamente a los festivales. Pero su coexistencia en una ciudad que promueve intensamente el turismo de experiencias obliga a pensar la seguridad más allá de los perímetros de los eventos.
Los visitantes, especialmente quienes desconocen el contexto local, pueden exponerse a escenarios de alta disponibilidad de sustancias -cuya composición es variable-, prácticas diferentes de consumo y circuitos de entretenimiento sin contar con las redes de apoyo comunitario que poseen los habitantes de la ciudad. Esta condición puede incrementar su vulnerabilidad frente a la desinformación, los delitos y las emergencias sanitarias.
La pregunta es inevitable: ¿puede una ciudad consolidarse como destino internacional de fiesta sin desarrollar, simultáneamente, una infraestructura de cuidado acorde con esa transformación?
La contradicción entre la expansión de la fiesta y el endurecimiento de las políticas de drogas
El crecimiento de los festivales ocurre en medio de una tensión política que merece especial atención. El contexto político actual, tanto internacional como nacional y local, evidencia el fortalecimiento de discursos de seguridad y medidas restrictivas frente a las drogas. Las alcaldías de Medellín, Bogotá, Cali y Cartagena son abiertamente prohibicionistas, punitivas y restrictivas frente al tema de Drogas, el Presidente Abelardo de La Espriella invoca y aplica lo más violento de la guerra contra las drogas.
Aunque el combate contra las redes criminales, la regulación de los espacios públicos y la atención sanitaria responden a problemas distintos, con frecuencia quedan agrupados bajo una misma narrativa de control, lo cual subraya una contradicción neural, mientras se promueven experiencias de entretenimiento masivo en las que existe consumo de alcohol y otras sustancias, las respuestas institucionales privilegian la prohibición sin desarrollar suficientemente las herramientas preventivas y de reducción de riesgos y daños para quienes deciden consumir.
La represión y las políticas restrictivas no eliminan por sí solas las prácticas de consumo; por el contrario, pueden desplazarlas hacia escenarios de mayor clandestinidad, profundizar el estigma y dificultar el acceso a información y atención oportuna. Esta tensión adquiere especial relevancia ante las versiones sobre una presunta restricción de la Alcaldía de Medellín a los servicios de análisis de sustancias durante el EDC, situación que requiere esclarecimiento público. Desde la reducción de riesgos y daños, reconocer que las personas consumen sustancias psicoactivas no significa promover su consumo, sino asumir una realidad social para prevenir consecuencias adversas y fortalecer las capacidades individuales y colectivas de cuidado.
Este enfoque no se limita a las drogas ilícitas, también comprende sustancias legales como el alcohol, la nicotina (vaporizadores) o medicamentos sin prescripción cuyo consumo excesivo constituye uno de los mayores motivos de atención en las zonas de recuperación de numerosos festivales. Si las prácticas psicoactivas forman parte de las dinámicas festivas contemporáneas, los servicios de análisis de sustancias, las zonas de recuperación, las alertas tempranas sobre compuestos peligrosos y la comunicación clara de estos dispositivos antes y durante los eventos deberían constituir condiciones mínimas de una infraestructura integral de cuidado, articulada con los servicios médicos, los protocolos de emergencia y las autoridades sanitarias.
En este contexto, resulta indispensable que la Alcaldía de Medellín esclarezca públicamente las versiones sobre una presunta prohibición o restricción de los servicios de análisis de sustancias durante el EDC. Más allá de esta controversia, surge una pregunta fundamental: ¿cuáles fueron las medidas de prevención y reducción de riesgos y daños promovidas por la administración municipal y acordadas con los organizadores para garantizar el cuidado de más de 90.000 personas que se esperaba recibir durante el festival?. ¿Por qué en ninguno de los canales oficiales de EDC y su productora Páramo se divulgó mensajes de prevención, reducción de daños, cuidado y bienestar de forma amplia y masiva, como sí ocurre en otros festivales?.
Hay suficiente evidencia que indica que los análisis de sustancias salvan vidas, previene sobre dosis y reducen las intoxicaciones.
La seguridad de un evento masivo no puede reducirse al control del consumo, también debe garantizar condiciones para prevenir sus consecuencias. La Alcaldía tiene la responsabilidad de explicar qué decisiones adoptó, cómo se articularon con los organizadores y qué garantías de cuidado ofrecerá en los próximos festivales.
La discusión tampoco es exclusiva de Medellín. EDC Las Vegas, la edición más emblemática de esta franquicia internacional, reúne más de medio millón de asistencias acumuladas durante tres jornadas y también ha registrado fallecimientos asociados temporalmente al evento. En 2025 se investigaron dos muertes durante el fin de semana del festival. Estos antecedentes deberían impulsar una reflexión sobre los estándares internacionales de prevención y respuesta sanitaria que acompañan la expansión de los grandes festivales. La recurrencia de emergencias en eventos masivos no puede conducir a normalizar las muertes como un costo inevitable del entretenimiento. Por el contrario, obliga a fortalecer la prevención, evaluar los protocolos y hacer públicos los aprendizajes que permitan evitar nuevos desenlaces fatales.
La prevención no puede comenzar cuando ocurre una tragedia
Los medios de comunicación masivos y los algoritmos de las redes sociales tienden a privilegiar la circulación de acontecimientos extraordinarios y trágicos, mientras las dinámicas preventivas reciben menor visibilidad.
Tras los hechos ocurridos en el EDC Medellín, medios como El Colombiano, Caracol, Blu Radio y Semana han amplificado las noticias sobre muertes, presuntas sobredosis e inseguridad. Sin embargo, rara vez se dedica la misma atención a explicar qué servicios preventivos deberían existir en un festival, cómo reconocer una intoxicación, qué hacer ante una emergencia o qué condiciones de cuidado pueden exigir los asistentes.
En un contexto de recrudecimiento de los discursos prohibicionistas, la espectacularización de las tragedias puede alimentar el estigma y legitimar respuestas punitivas basadas en la guerra contra las drogas y las personas que las usan, desplazando la discusión sobre las responsabilidades institucionales, la prevención y Reducción de Riesgos y Daños y las alternativas de salud pública. Este tratamiento puede contribuir a una comprensión fragmentada del fenómeno, en la que las personas consumidoras aparecen representadas principalmente a través de la tragedia, el exceso o la criminalidad.
Pero esta responsabilidad también recae sobre la industria del entretenimiento. Los mismos canales que movilizan miles de personas, venden experiencias y promocionan artistas deberían comunicar con igual contundencia las estrategias de prevención y cuidado. En el caso del EDC, resulta preocupante que la información preventiva no ocupe un lugar suficientemente visible en los canales oficiales y que a la fecha no exista ningún pronunciamiento por los acontecimientos señalados.
Limitar la comunicación de bienestar a normativas prohibitivas o utilizar denominaciones ambiguas como «oasis» resulta insuficiente cuando las personas necesitan identificar claramente los servicios disponibles. Los puntos de reducción de riesgos y daños, el análisis de sustancias, las zonas de recuperación, el mínimo vital de agua, las rutas de atención y las alertas sobre sustancias peligrosas deben comunicarse de manera explícita, anticipada, accesible y de forma masiva, especialmente en eventos con visitantes internacionales.
La prevención no puede limitarse a una lista de prohibiciones ni a recomendaciones generales sobre comportamiento. Debe proporcionar información útil, anticipada y comprensible sobre los riesgos concretos del contexto.
Esto es particularmente importante cuando participan visitantes internacionales, personas que asisten por primera vez a un festival o públicos que desconocen la composición de las sustancias comercializadas localmente y las rutas de atención disponibles.
La comunicación preventiva también debe reconocer que los mercados ilegales son dinámicos. Las mezclas, adulteraciones y concentraciones de las sustancias pueden variar, lo que exige sistemas de análisis, tecnologías que amplíen la precisión de los resultados y emisión de alertas oportunas, con información clara sobre las limitaciones de las técnicas utilizadas.
Los servicios de reducción de daños no pueden reemplazar la atención médica de urgencias, del mismo modo que la presencia de ambulancias no sustituye la educación preventiva, el análisis de sustancias o el acompañamiento comunitario. Sin embargo, bajo este contexto, las organizaciones de reducción de riesgos y daños contratadas para el EDC también tienen una responsabilidad pública y es la de contribuir a esclarecer las condiciones reales de cuidado durante el festival. ¿Se garantizó el mínimo vital de agua? ¿Existieron restricciones para prestar servicios de análisis de sustancias? ¿Qué limitaciones enfrentaron sus intervenciones? La independencia técnica y ética exige comunicar con transparencia los alcances de su trabajo, los riesgos identificados y las barreras institucionales que pudieron condicionar su actuación de manera que se pueda hacer visible las condiciones estructurales que restringen el cuidado.
¿Y quién cuida de sí mismo? La agencia personal en las prácticas festivas
Una reflexión sobre el cuidado quedaría incompleta si únicamente señalara las obligaciones del Estado y de la industria del entretenimiento.
Desde una perspectiva antropológica, las prácticas festivas son escenarios donde las personas experimentan con los límites del cuerpo, la percepción, la sociabilidad y el placer. La búsqueda de intensidad, desinhibición, conexión o transformación de la experiencia forma parte de las motivaciones que atraviesan diferentes culturas de fiesta.
Pero el reconocimiento del placer no debería traducirse en la negación del riesgo.
Quienes participan en estos escenarios ejercen su agencia al explorar distintas formas de modificar su estado habitual de consciencia. La exposición a luces estroboscópicas, la intensidad del sonido, el movimiento corporal y el baile colectivo en medio de multitudes configuran experiencias sensoriales que pueden propiciar transformaciones en la percepción de sí mismos y del entorno. En esta búsqueda deliberada de experiencias que trascienden la cotidianidad, las sustancias psicoactivas también han ocupado históricamente un lugar en los rituales, las celebraciones y las prácticas festivas de diversas civilizaciones. Sin embargo, estas decisiones no se toman en condiciones ideales de información ni dependen exclusivamente de la voluntad individual, están atravesadas por factores sociales, culturales y contextuales que condicionan las posibilidades de elección, sin anular por ello la agencia y la responsabilidad personal sobre las propias prácticas de consumo y cuidado.
En una ciudad como Medellín, algunos visitantes pueden llegar atraídos por la posibilidad de vivir experiencias de entretenimiento y consumo diferentes a las de sus lugares de origen. La distancia respecto de sus entornos cotidianos, el desconocimiento del mercado local y la sensación de libertad que acompaña al turismo pueden influir en sus formas de percibir y gestionar los riesgos.
No se trata de afirmar que las personas fallecidas durante el EDC actuaron irresponsablemente, dado que desconocemos las circunstancias específicas de sus decisiones y las causas definitivas de sus muertes. Se trata de abrir una conversación más amplia sobre la responsabilidad de quienes participan en la fiesta.
¿Conocemos los efectos y riesgos de las sustancias que decidimos consumir? ¿Reconocemos las señales de alarma? ¿Estamos dispuestos a pedir ayuda cuando la necesitamos? ¿Cómo respondemos cuando una persona cercana presenta una crisis? ¿Qué lugar ocupa el cuidado de otras personas dentro de nuestras experiencias de placer?
La reducción de daños también requiere una cultura de cuidado entre pares, en la que la solidaridad no se limite a compartir la experiencia festiva, sino que incluya reconocer situaciones de vulnerabilidad, evitar prácticas de presión sobre el consumo y acompañar oportunamente a quienes necesitan ayuda.
La libertad de experimentar implica también aprender a reconocer nuestros límites. Pero ninguna decisión individual exonera al Estado y a los organizadores de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y atención.
En este último, vale resaltar que las organizaciones de reducción de riesgos y daños debemos preservar nuestra independencia técnica y ética, evitando que las intervenciones sean cooptadas por intereses comerciales, políticos o institucionales. El compromiso con la salud pública exige comunicar y señalar las deficiencias en las condiciones de cuidado. La reducción de daños no puede convertirse en una estrategia de legitimación comercial ni en un sello simbólico de seguridad, dado que su credibilidad depende de la autonomía, la transparencia y la defensa de la vida por encima de cualquier interés particular.
Medellín y Colombia tienen una oportunidad: pasar de promocionar la fiesta a garantizar el cuidado
Lo ocurrido durante el EDC no debería quedar reducido a una noticia trágica que desaparezca de la conversación pública con la llegada del siguiente festival. Por el contrario, debe abrir una discusión sobre las responsabilidades compartidas y las transformaciones necesarias para construir una cultura festiva más segura, informada y comprometida con la vida.
Desde esta perspectiva, proponemos algunas recomendaciones dirigidas a los distintos actores que hacen posible la fiesta:
- Al Estado y las autoridades locales: garantizar que la reducción de riesgos y daños forme parte de los requisitos de planeación y gestión de eventos masivos. Esto implica facilitar el análisis de sustancias, fortalecer los sistemas de alertas tempranas, supervisar las condiciones sanitarias y de seguridad, exigir protocolos de prevención de violencias y publicar evaluaciones posteriores que permitan conocer los incidentes, las respuestas institucionales y las oportunidades de mejora. La política pública debe trascender el control policial y asumir la prevención como una responsabilidad de salud pública.
- A los organizadores y productores: incorporar una infraestructura integral de cuidado desde el diseño del evento, con acceso suficiente a agua potable, zonas de recuperación, servicios de reducción de riesgos y daños, atención médica y rutas de emergencia articuladas. Estos servicios deben contar con recursos adecuados y comunicarse de manera explícita antes y durante el festival, utilizando los mismos canales y capacidades de difusión destinados a la promoción comercial. El cuidado no puede ser un servicio accesorio ni una estrategia de comunicación posterior a las crisis.
- A las organizaciones comunitarias de reducción de riesgos y daños: preservar su autonomía técnica y ética frente a los intereses comerciales e institucionales. Su responsabilidad incluye proporcionar información basada en evidencia, comunicar hallazgos relevantes, emitir alertas oportunas y hacer explícitos los alcances y las limitaciones de sus técnicas, tecnologías y metodologías de intervención, evitando generar falsas percepciones de seguridad.
- A las personas que participan en los festivales: ejercer su autonomía desde decisiones informadas, asumir un papel activo en el cuidado de su salud y bienestar, reconociendo que disfrutar también implica alimentarse adecuadamente, hidratarse, descansar y atender las señales del propio cuerpo. Quienes deciden consumir sustancias psicoactivas deben gestionar responsablemente sus prácticas, informarse sobre los riesgos, evitar mezclas peligrosas y reconocer sus propios límites. La autonomía también implica procurar que las decisiones individuales no generen riesgos evitables para otras personas ni sobrecarguen innecesariamente los dispositivos de atención.
Estas recomendaciones requieren mecanismos de seguimiento que permitan evaluar el éxito de los festivales no solamente por su asistencia o impacto económico, sino también por la calidad de sus estrategias de prevención, atención y cuidado.
